Doe Run. Comisión mixta entre trabajadores y autoridades dio tregua e iniciará diálogo el sábado. Sin embargo, de no llegar a acuerdos con el gobierno radicalizarán protesta. En Lima también hubo gestiones.

Los trabajadores del complejo metalúrgico Doe Run cedieron temporalmente en el paro indefinido convocado desde ayer y suspendieron la medida de fuerza, con el compromiso de formar con autoridades regionales y de la sociedad civil una comisión mixta que inicie el diálogo con el Ejecutivo desde la próxima semana, para lograr el reinicio de operaciones.

La decisión, sin embargo, costó millones en pérdidas debido a que desde la madrugada  trabajadores y pobladores bloquearon vías y se enfrentaron a la policía, y destruyeron postes de alumbrado y apedrearon vehículos y locales comerciales.

La República constató temprano la interrupción vehicular en la Carretera Central y a la altura de Marcavalle, en La Oroya,  donde piquetes quemaban llantas y lanzaban piedras.

"Han impedido el paso hacia Huancayo, Huánuco y toda la selva central e incluso han utilizado maquinarias, pues tienen el apoyo de los alcaldes y de la población", dijo un suboficial que aseguró que los revoltosos cambiaron su estrategia de protestas.

En efecto, piquetes de pobladores tomaban por sorpresa a la policía al atacarlos y al aprovechar su ausencia para bloquear las vías. Desde la madrugada el paso estuvo cerrado y desde las 4 de la tarde comenzaron a pasar los vehículos.

A esa hora culminó en la Municipalidad de La Oroya una reunión entre dirigentes de los trabajadores que exigen el reinicio de operaciones de Doe Run, alcaldes, el vicepresidente regional de Junín, Américo Mercado, la Iglesia y la Policía. El acuerdo: dar una tregua al gobierno hasta este sábado.

"Se firmó un acta para que toda la región exija el reinicio de operaciones. El gobierno regional encabezará las negociaciones con el Ejecutivo y esperamos que el 1º de mayo se reactive el complejo. En caso no ocurra ello, las protestas se van a radicalizar", dijo el presidente de la Federación Minera, Luis Castillo.

Para el sábado están convocados todos los que firmaron el acuerdo, a fin de llevar una plataforma al gobierno.

"El gobierno debe entender que el complejo da trabajo directo a 3.500 personas, a 16 mil personas de modo indirecto y a 60 mil pobladores. El Ejecutivo no puede poner objeciones, pues además en tres años perdió US$ 1,500 millones", indicó el dirigente Roiberto Guzmán.

La jornada estuvo marcada por la violencia de ambos lados. En el poblado de Cusipata, a 40 minutos de La Oroya, los revoltosos tomaron rehenes civiles y a la vez denunciaron abusos de la policía.

"Los policías se meten a las casas, sin respetar a la población que no participa en violencia", dijo Norma Casaverde.

El director regional de Energía y Minas, Benjamín de la Cruz, estimó que las pérdidas por el paro alcanzan los S/. 3 millones y afectaron el flujo turístico por la Semana Santa.

Los trabajadores exigieron que la policía libere a los detenidos en la jornada, pero  hasta el cierre eso no pasaba.

MERINO CON DOE RUN

Anoche, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, se reunió con directivos de Doe Run Perú, ante quienes reiteró que el plan presentado no es ejecutable porque condiciona el financiamiento de US$ 65 millones de un total de 200, y pretende que el Estado peruano se allane a los juicios que tiene Renco (la matriz en Estados Unidos) en cortes norteamericanas.

Merino Tafur enfatizó en que se tiene que hallar una solución en el marco de la ley y dentro del proceso concursal de Indecopi, pues el Estado no puede intervenir de otra manera.

CLAVES

“Ahora hay menos contaminación porque el PAMA de la empresa está en marcha, pero la responsabilidad de que cumpla es del Estado, no de la sociedad civil que pide trabajo y desarrollo”, dijo Fernando Reymundo, presidente de la Central de Organizaciones de La Oroya.